¿Tienen derecho las familias a revisar los exámenes corregidos de sus hijos?
Varias autonomías emiten órdenes para evitar que los docentes se nieguen a entregar copias de las pruebas a las madres y padres que lo soliciten
La Consejería de Educación de la Generalitat valenciana recordará en los próximos días a los centros educativos de primaria y secundaria que están obligados a entregar copia de los exámenes corregidos de los alumnos a las familias que lo soliciten. El departamento, gestionado por Compromís, había recibido una petición en tal sentido del defensor del pueblo valenciano (Síndic de Greuges), José Cholbi.
La entrega de copias de las pruebas de los estudiantes a las familias es una disputa que se juega en varias autonomías. Desde 2015, el Defensor del Pueblo ha realizado peticiones similares a los Gobiernos regionales de Extremadura, Navarra o Madrid. Entre sus argumentos, el Defensor expone que la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas —de 2015— prevé que “los interesados en un procedimiento administrativo” podrán conocer, “en cualquier momento”, el estado de la tramitación de los procedimientos que les afecten y obtener copia de los documentos. El Defensor se basa en resoluciones judiciales que avalan esa modalidad de acceso a la información en casos relacionados con el ámbito educativo.
El defensor del pueblo valenciano hizo la solicitud de oficio el pasado noviembre después de que asociaciones de madres y padres le trasladaran las dificultades que encontraban en ese terreno. “Han venido a vernos familias quejándose de que solo podían ver el examen de sus hijos en un despacho del colegio con el profesor delante. Y si los padres no sabían mucho de la materia, por ejemplo de matemáticas, tenían que buscar a un familiar o a un conocido que sí supiera para que les acompañara”, afirma Lorenzo Tendero, presidente de la confederación valenciana Covapa. “No es una cuestión de desconfiar del profesor, sino de que la mejor manera de ayudar a nuestros hijos es ver en qué han fallado. Se nos pide que seamos complementarios con la escuela en la formación, pero si no sabemos dónde hay que reforzarlos, difícilmente vamos a poder hacerlo”, añade.
“El problema es la desinformación; las familias no saben que tienen ese derecho y los profesores desconocen que tienen esa obligación”, explica Camilo Jené, presidente de la FAPA Giner de los Ríos, que aglutina a las asociaciones de madres y padres de alumnos de Madrid. Muchas familias, explica, no denuncian para evitar un enfrentamiento con los docentes que pueda perjudicar a sus hijos.
Algunas comunidades han aprobado órdenes específicas para regular ese derecho, como es el caso de Madrid, que lo hizo en 2014 para primaria y en 2016 para secundaria. En el caso de Valencia, la legislación autonómica vigente no contempla expresamente el derecho del alumnado o de sus representantes legales —en caso de ser menores de edad—, de obtener una copia de los exámenes realizados si no es mediante un procedimiento de reclamación oficial de revisión de la nota, expone el Síndic en su petición. Las familias deben tener la opción de revisar las pruebas de evaluación en casa para ayudar a sus hijos a repasar errores o, "sencillamente", ejercer su derecho de acceso a esos documentos, remarca el escrito.
Fuente: El País.com
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